DILEMA

El pasado jueves se aprobaba el Real Decreto Ley por el que se reduce el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones y se suprimen algunas prestaciones sociales.

Parece ser que estos recortes irán desde el 0.56% a los funcionarios del grupo subalterno al 7% de los funcionarios del grupo A. Pero ojo, estamos hablando de porcentajes que se aplicarán sobre el sueldo base. La trampa está en que después se les reducirá a todos los grupos por igual un 5% de sus retribuciones complementarias. El sueldo base es el mismo para todos los grupos de las distintas Administraciones. Un grupo C tiene el mismo sueldo en cualquier Ministerio, en la Generalitat o en la Diputación Provincial de Ourense. Las retribuciones complementarias son las que varían dependiendo de los distintos grupos y de la Administración para la que se trabaje, por eso no veo ni justo ni proporcionado que se aplique el 5% con independencia de la categoría profesional y de la Administración. Esto es un abuso en toda regla que sufrirán más los funcionarios con retribuciones más bajas.

Ayer estuve haciendo cálculos, y en espera de que me llegue la nómina de junio para confirmarlo, el Gobierno me reducirá a partir del mes que viene 64 euros de mi nómina. Así todos los meses hasta llegar al 2011, en el que ya nos han comunicado de forma oficial que nos congelarán el sueldo. Esta medida la han tomado no para recuperar la economía nacional (que incluso se verá afectada, 2.500.000 personas no tendrán más remedio que consumir menos para llegar a fin de mes) si no para "sanear" las cuentas públicas. Espero que después ese dinero que van ahorrar con nosotros no lo despilfarren por otros lados (risas). Espero también, que los partidarios de la privatización de los servicios públicos se estén dando cabezazos contra la pared. Se han vendido al capital privado servicios públicos que bien gestionados son muy rentables, como Renfe, Telefónica o Iberia, entre otros, que ahora nos vendrían muy bien para generar ingresos públicos, que es lo que realmente haría falta para sanear las cuentas públicas. La privatización es lo que tiene.

Para el próximo 8 de junio, los sindicatos subvencionados han convocado una huelga en todo el sector público. Se habla también de conventirla en una huelga general, lo cual, bajo mi punto de vista, sería un gravísimo error. La huelga general tendría que haberse hecho antes. Aprovechar los recortes a los funcionarios para convocar una huelga general, es un poco reirse de los cuatro millones de parados y de los trabajadores de la privada que las están pasando putas.

Con respecto a esta próxima huelga, estoy un poco como el gallego en la escalera. Entre la espada y la pared. Por un lado el Gobierno, y por el otro, los sindicatos. No sé si participar en la huelga o no. Y en esta indecisión nos encontramos muchos funcionarios. Mucho me temo que esta huelga, incluso si se covoca sólo para el personal de la Administración, resultará un grandísimo fracaso.

Estoy contra la espada y la pared básicamente por estos dos motivos:

- Si no participo en la huelga, en cierta forma le estaría dando la razón al Gobierno. Una carta blanca a unas medidas con las que no estoy de acuerdo. Si la incidencia de la huelga fuese baja, el Gobierno tendría terreno abonado para seguir cometiendo abusos.

- Si me sumo a la huelga, estaría entrando en el juego de los convocantes, los sindicatos (cuando hablo de sindicatos me refiero a UGT, CCOO, CIG Y CSIF, que son los únicos que operan en la sede central de la Xunta y por tanto los que conozco). Llevaban años calladitos ya que el Gobierno compró su silencio a base de cuantiosas subvenciones (mira por dónde, podían haber empezado a recortar por ahí) y ahora, como la mayoría de de las directivas de los sindicatos están compuestas por funcionarios, espabilan y amenazan con duras protestas. Uno de los motivos por los que ningún Gobierno se ha atrevido a desarrollar la profunda reforma que la Administración Pública necesita, es precisamente porque se encontraría con la oposición de los sindicatos. Los sindicatos, desde hace unos años, son un lastre que impide la mejora en la eficiencia de los servicios públicos. Los compañeros sindicalistas que he conocido (y no quiero generalizar, pero sí que los he conocido responden al mismo retrato robot) son gente más chula que un ocho, que se acogen al derecho de pernada a la mínima ocasión, que no ingresan en un sindicato por vocación ni para defender a los trabajadores, si no para conseguir más derechos en su trabajo, que defienden injusticias tan grandes como los concurso-oposición en el acceso a los empleos públicos, etc. Ahora son ellos los que vienen por mi oficina a pedirme que me sume a la huelga, y si no fuera por la gravedad de la situación, me encantaría hacerles un buen corte de mangas. Si la huelga es un fracaso, se llevarían esa hostia que la mayoría de los funcionarios nos gustaría darles.

Y esto es lo que hay, sería deseable que existiesen otras medidas de presión para expresar nuestro malestar contra el Gobierno que no consistiesen en seguir el juego a estos sindicatos que poco han hecho por los trabajadores en los últimos años. Estamos entre la espada y la pared, y pase lo que pase el día ocho de junio, seguiremos siendo carnaza para los medios de comunicación y el blanco de las críticas para la mayoría de la sociedad española, a la que ahora por fin, parece que ya le preocupa un poquito más el dinero público.

Cobrando menos y con mis retribuciones congeladas sabe dios por cuantos años más, ya no sé si realmente me compensa vivir en una ciudad que no me gusta currando como auxiliar administrativo. No sería tan descabellado empezar a mirar otras opciones en otras ciudades y un trabajo más acorde con mi titulación universitaria, que en cierta forma me recicle y me devuelva a la vida útil, y que me ayude a escapar de esa rutina de pasarme mañanas enteras sellando papeles, o de tener que justificar mi condición de funcionario al "contribuyente" casi todos los días, o simplemente, de tener que dar explicaciones del trabajo que hago cuando me llaman "vago".